secuestro del "Alakrana"

El pasado día 2 de octubre un grupo de piratas somalíes secuestro el pesquero español “Alakrana” en el océano índico.
Al parecer, el pesquero faenaba “lejos” de la zona protegida por España.
El EMAD (Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa) recibía un aviso cuando el atunero se encontraba a 800 millas de la fragata de canarias y al 400 de las islas Seychelles.
Dos días después, la fragata “Canarias” consiguió capturar a dos presuntos participantes en el secuestro por lo que, el juez Baltasar Garzón, ordenaba su traslado a España para ser juzgados. Ambos detenidos defienden su inocencia alegando que también habían sido secuestrados y obligados a participar en el asalto y que como compensación. Les entregaron 2500 dólares tras realizar la tarea que se les había encomendado.
Pero el caso se complica cuando descubren que uno de ellos, “Abdu Willy”, podría ser menor de edad, por lo que se le realizaran numerosas pruebas médicas que finalmente aseguraran su mayoría de edad. Tras ello, el 4 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pide su ingreso en prisión por 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita y robo con violencia y uso de armas.
Mientras tanto, desde el Alakrana, la tensión de los piratas aumentaba y los secuestradores amenazaban con matar a los tripulantes si España no liberaba a los detenidos.
El 15 de octubre, los piratas exigen cuatro millones de dólares a cambio de la liberación del Alakrana.
Los familiares de los tripulantes permanecen alarmados, por lo que el 24 de octubre se concentraran en Bermeo y Bayona para exigir su liberación e incluso pedirán una audiencia con el presidente del gobierno y con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes para pedirle soluciones.
El día 30 de octubre, el Gobierno aprobó un Real Decreto que permite la seguridad a bordo de los buques españoles “en situaciones de especial riesgo”, y que esta “pueda ser prestada por empresas privadas de seguridad, con el armamento adecuado”.
El 6 de noviembre la tensión crece cuando los piratas aseguran que entregaran a tres de los tripulantes si no liberan a los detenidos. Las familias de los tripulantes, al conocer la verdadera situación de sus seres queridos, gritan al gobierno que busque soluciones y que reconsideren la vuelta a Somalia de los dos detenidos.
El abogado del pirata “Abdu Willy”, Francisco Javier Díaz Aparicio, pide al tribunal que considere a su defendido y al otro detenido cómplices y no autores del secuestro y se les aplique la Ley de Extranjería.
Debido a ello, el 9 de noviembre, el Gobierno comienza a barajar la posibilidad de que los detenidos cumplan condena en Somalia, por lo que el Ministerio de Justicia estudia esa opción, pero el 16 de noviembre la fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza alcanzar un acuerdo con las defensas de los piratas ya que pide penas que sumaran al menos los 219 años de cárcel.
Tras la presión social, el Gobierno pide prudencia y asegura que “la situación esta encauzada” pero aun así, algunos medios de comunicación, como la COPE, critican al Gobierno por mentir descaradamente a toda España.
El pasado 17 de noviembre, los piratas decidieron liberar el pesquero, tras el pago de 2,3 millones de euros por parte del Gobierno español, por lo que este pondrá rumbo hacia las islas Seychelles, con la libertad de los 36 tripulantes.
Finalmente, el 20 de noviembre, los tripulantes del Alakrana se reencontraron por fin con sus familiares.
No obstante, no debemos olvidar que durante el secuestro el Gobierno ha cometido errores, por ejemplo, la detención de los dos piratas, lo que ha producido situaciones de tensión dentro del atunero.
Además, en el primer mes de secuestro, el Gobierno opto por el silencio y la discreción. Después, asistimos a una algarabía de declaraciones, descoordinaciones y acusaciones. Todo ello, aumento el descontento entre los familiares por lo que reclaman claridad por parte del gobierno. Ahora ha llegado el momento de que el Ejército explique su actuación durante todo el secuestro.

COMENTARIO:
El gobierno se contradice dando información con cuenta gotas y mucha de ella es falsa.
El gobierno tiene que ponerse de acuerdo a la hora de informar, los ciudadanos tienen derecho a ser informados, así como el parlamento.
Hay que informar, no es necesario que sea de todo, pero lo que se informa tiene que ser cierto. Está claro que el pago ha sido realizado por el Estado porque si no habrían dicho de donde ha salido el dinero.
Tenemos derecho a ser informados y a conocer la verdad.

Texto publicado por: Rocio Del Valle Rodriguez 4º B